La economía del bien común

La economía del bien común

La Fundación Rafael del Pino organizó, el 4 de mayo de 2017, el diálogo “La economía del bien común” en el que participaron Jean Tirole y Manuel Conthe.

Jean Tirole es presidente de la Toulouse School of Economics, miembro fundador del Institute for Advanced Study de Toulouse y director científico del Institut d’Économie Industrielle. Ingeniero de formación, dirige la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) y es además profesor invitado al Massachusetts Institute of Technology (MIT), miembro del Conseil d’Analyse Économique y miembro de la Académie des Sciences Morales et Politiques. Tirole obtuvo la Medalla de Oro del Centre National de la Recherche Scientifique en 2007. Cuando recibió el Premio Nobel en 2014, la academia sueca se refirió a él como «uno de los economistas más influyentes de nuestro tiempo».

Economía del bien común es un apasionado manifiesto a favor de un mundo en el que la economía, lejos de considerarse una «ciencia lúgubre», se vea como una fuerza positiva a favor del bien común. En el este libro desempeña un papel central la idea del bien común, uno de sus grandes intereses, junto a su esfuerzo por incorporar dimensiones como la psicológica, la social y la jurídica a la idea más reduccionista de la economía tradicional e intenta responder a todas las preguntas que nos planteamos hoy sobre el estado de la economía: economía digital, innovación, empleo, cambio climático, Europa, papel del Estado, financias, mercado, etc.

RESUMEN
El 4 de mayo de 2017 tuvo lugar en la Fundación Rafael del Pino el diálogo sobre “La economía del bien común”, con motivo de la presentación del libro del mismo título escrito por Jean Tirole, premio Nobel de Economía 2014.

Según Tirole, la ejecución de la política económica tiene un problema y es que los políticos tienen que complacer al electorado y a los grupos de presión si quieren salir reelegidos. El electorado, por ello, debe estar bien informado acerca de las consecuencias indirectas de las políticas que reclaman porque su efecto puede ser muy distinto al esperado. Otro problema, en este sentido, es de naturaleza psicológica y consiste en lo que la gente quiere creer y aceptar. Las personas no quieren pensar que un endeudamiento público creciente pone en peligro el sistema de bienestar social y, por tanto, se resiste a las políticas de austeridad.

Una de esas consecuencias indirectas se aprecia en el sistema universitario francés, en el que se ha apostado por derechos de matrícula muy reducidos que lo que hacen es subvencionar a los ricos. Además, existen mecanismos de información privilegiada que permiten que quienes conocen el funcionamiento del sistema saquen el máximo partido del mismo, por ejemplo, la información sobre las mejores universidades y los requisitos para poder acceder a ellas.

Otro de los problemas es la creciente disminución de la confianza en los mercados, con las consiguientes demandas de protección. La gente está preocupada por las consecuencias de la crisis financiera, por el empleo, por el cambio tecnológico, por el cambio climático y busca un marco más confortable. Ese marco lo ofrecen los populistas, que realizan promesas sin ningún tipo de restricción en relación con los gastos, usando el dinero público.

Por lo que se refiere a la distribución de la renta, Tirole indicó que la distribución es menor cuanto mayores sean las diferencias o las divisiones entre los individuos, porque los ciudadanos están menos dispuestos a gastar en aquellos a los que consideran diferentes. Esto explica que mientras en Estados Unidos hay mucha redistribución de renta entre los distintos estados, porque hay un sentido de pertenencia a la misma comunidad, en Europa no sucede lo mismo entre los países de la UE.
Respecto a la economía de la religión, Tirole indicó que los impuestos que se han cobrado a las minorías religiosas han promovido que la gente pertenezca a la religión mayoritaria. Las religiones compiten en muchos países y lo hacen, en muchos casos, a través de la provisión de unos servicios públicos que debería facilitar el estado, pero que no lo hace.

Tirole se mostró crítico con quienes pretenden que las autoridades regulatorias no sean independientes. Puso el ejemplo de Francia, donde mucha gente quiere recuperar la soberanía monetaria y así poder financiar el déficit público imprimiendo dinero. Esas personas no piensan en los pobres, que son los primeros perjudicados por la inflación. Los políticos, por ello, no deben controlar las autoridades regulatorias porque eso sería simplemente para beneficio de los grupos de presión.

También criticó el Acuerdo de París para combatir el cambio climático. Al volver a su país, ningún político de los que lo aprobaron dijo “voy a hacer algo por el cambio climático, voy a gastar para combatirlo”, porque lo que hay es una promesa colectiva sin que nadie diga quién va a poner el dinero. Una posibilidad para combatir el cambio climático sería un impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono. Otra es poner techo a las emisiones y crear un mercado de derechos de emisión en el que los que emitan menos de lo previsto puedan vender los derechos sobrantes.

En este mismo ámbito, consideró que en Europa hay que hacer más para reducir las emisiones de dióxido de carbono. El problema es que se corre el riesgo de que las empresas se deslocalicen y se vayan donde les cobren menos por dichas emisiones.

Por lo que se refiere al mercado de trabajo, Tirole señaló que hay que proteger a los trabajadores, no a los puestos de trabajo. En este sentido, denunció la dualidad del mercado de trabajo, entre trabajadores fijos y temporales y se mostró contrario a la temporalidad porque impide la cualificación de los trabajadores temporales, pero también advirtió de la necesidad de que la normativa laboral se adapte a un mundo que cambia a gran velocidad y al que resulta cada vez más difícil adaptarse. En este sentido, considera que la inmigración es una oportunidad, si hay empleo para ellos, porque los inmigrantes generan demanda y pagan impuestos y cotizaciones sociales. En este sentido, es un error considerar que el número de puestos de trabajo en una economía es fijo.

También considera que se debe limitar la contratación temporal y que se debe hacer tributar a las empresas que despiden, porque indemnizan al trabajador, pero no pagan a la Seguridad Social y, entonces, tienen que mantenerla los ciudadanos. Por ello, hay que hacer que las empresas sean más responsables y que internalicen todos los aspectos relacionados con los despidos.

Tirole es partidario de una supervisión financiera europea porque tiene las ventajas de que hay más experiencia a nivel europeo en materia de supervisión y porque se les retira a los políticos la capacidad regulatoria sobre el sistema financiero. También es partidario de la creación de una autoridad presupuestaria europea independiente para controlar las políticas fiscales. Y cree que la UE debe avanzar hacia un estado federal porque conlleva mejores mecanismos de estabilización e impone reglas comunes.

Por último, se refirió a los desafíos que suponen las plataformas de internet. En el caso concreto del taxi y Uber, dijo que si los taxis fueran más baratos los utilizaría más gente y consideró un error la compra de licencias a precios muy altos para venderlas cuando llegue el momento de la jubilación y financiar el retiro con el producto de la venta de la misma. En su opinión, la tecnología iguala el terreno de juego y no reduce el empleo, sino que ayuda a la gente a encontrar un trabajo.

Por otra parte, las plataformas ofrecen por un lado servicios gratis y obtienen sus ingresos de otro lado del mercado. Esto es complicado para las autoridades de la competencia porque por un lado los precios son libres y por otro son, o pueden ser, de monopolio. Por ello, hay que redefinir esta política y considerar los dos lados del mercado conjuntamente.

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