La gobernanza pública frente al cambio disruptivo: Una administración pública para el Siglo XXI
Manuel Muñiz, Rafael Domenech, José Ramón Pin
La Fundación Rafael del Pino, la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad organizaron, el 31 de mayo de 2017, el diálogo titulado «La gobernanza pública frente al cambio disruptivo: Una administración pública para el Siglo XXI» con motivo de la publicación del monográfico de ICE «La Administración Pública del Siglo XXI»
En el acto intervinieron: Marisa Poncela, Secretaria de Estado de Comercio, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
Mesa redonda Manuel Muñiz, Director, Program on Transatlantic Relations, Weatherhead Center for International Affairs, Harvard University Rafael Domenech, Responsable de Análisis Macroeconómico en el BBVA y Profesor de Economía de la Universidad de Valencia José Ramón Pin, Profesor de Dirección de Personas en las Organizaciones, IESE Business School
El intenso y disruptivo proceso de innovación y liberalización ha alterado las reglas del juego, exigiendo nuevos liderazgos con la capacidad de adaptación que requiere un entorno de cambios exponenciales, más difíciles de predecir y de mayor impacto socieconómico. El ejercicio del gobierno y de la administración de los asuntos públicos no son ajenos a este proceso. La Administración Pública debe adaptarse a los nuevos vectores de cambio para mantener su papel vertebrador de la sociedad, clave para asegurar e incluso ampliar los niveles de cohesión económica y social alcanzados.
Resumen:
El 31 de mayo de 2017 se celebró en la Fundación Rafael del Pino el encuentro sobre la gobernanza pública frente al cambio disruptivo, con motivo de la presentación del monográfico que la revista Información Comercial Española dedicó a este tema. En el mismo intervinieron Manuel Muñiz, director del Program on Transatlantic Relations del Weatherhead Center for International Affairs de la Universidad de Harvard; Rafael Domenech, responsable de Análisis Macroeconómico en el BBVA y catedrático de Economía de la Universidad de Valencia, y José Ramón Pin, profesor de Dirección de Personas en las Organizaciones del IESE Business School. Manuel Muñiz habló sobre los vectores de transformación de la sociedad actual y señaló que el mayor reto al que se enfrenta es el cambio tecnológico acelerado y exponencial. La aplicación de la ciencia y la tecnología lo está cambiando todo. En este sentido, destacó que todo el desarrollo económico de la humanidad se concentra en los doscientos últimos años. Los vectores de cambio son múltiples: la robótica, la inteligencia artificial, el futuro del empleo, los datos, la privacidad, la neurociencia, las ciencias de la vida, la manipulación genética, la impresión de órganos, … Las costuras de la sociedad están a punto de romperse en muchos de estos puntos porque la velocidad de adaptación a estos cambios de la sociedad y de la administración es muy baja. La cuarta revolución industrial es la que está generando más paz y bienestar que nunca, pero también muchas convulsiones. Estas se producen por un problema de gobernanza de la transformación y de su impacto en el mercado laboral. La precariedad está aumentando esta revuelta contra unas élites que han sido incapaces de producir igualdad en el sistema. Y todo ello en un contexto de estancamiento de las rentas y de congelación de la movilidad social. Esa revolución contra el sistema se debe a la incapacidad de gobernar la abundancia a causa de la velocidad a la que se producen los cambios, porque no tenemos capacidad de reaccionar. Por ello se necesita un nuevo contrato social, como en la revolución industrial. La cuestión es qué aspecto va a tener. Rafael Domenech centró su intervención en cómo afrontar estos retos, en cómo conseguir que ese crecimiento sea inclusivo y genere prosperidad para todos. Para empezar, en España tenemos que poner en valor lo conseguido en términos de Estado del Bienestar. Lo siguiente es cómo mejoramos, y tenemos un margen amplio para hacerlo. La calidad institucional tiene un margen claro hasta acercarse a los niveles de Alemania o los países nórdicos. La eficiencia de la administración tiene un impacto sobre lo que los ciudadanos están dispuestos a tolerar en términos de presión fiscal o de tamaño del sector público. En este caso, el orden de si deben ir primero los recursos o la eficiencia importa porque nos lleva a movimientos contrarios. Por ello, primero debe venir la eficiencia para luego aumentar la predisposición de los ciudadanos a financiar las políticas que pueden llevarnos a una sociedad más inclusiva, que puedan reducir las desigualdades e incrementar la renta per cápita. También es necesario mejorar todo lo que tiene que ver con la regulación del mercado de trabajo, para poder adaptarlo a los cambios, aprovechar la transformación digital y converger hacia esa frontera. Hoy, gracias al mundo digital, contamos con las herramientas adecuadas para mejorar el emparejamiento entre demandantes y oferentes de empleo en el mercado de trabajo, lo que permitiría a las empresas cubrir los cientos de miles de vacantes de que disponen con los perfiles profesionales adecuados. Por último, José Ramón Pin, trató la cuestión de si la administración está preparada para el cambio. En ella se dan muchas paradojas que hacen que dirigirla sea lo más difícil. Por eso siempre se está hablando de su reforma. El cambio en la administración no es el cambio de las estructuras, sino de la mente de quien está en las organizaciones. En ellas hay tres niveles. El primero de ellos es el formal, esto es relaciones del tipo quién depende de mí, de quién dependo, etc. El segundo es el informal, que se refiere a cosas no escritas que se cumplen. Y el tercero es el autoconcepto de lo que es una buena organización. Todo esto está congelado y en el proceso de cambio lo que hay que hacer es descongelarlo, desprenderse de ello. No obstante, no se hace un cambio sin una visión ilusionante. Hacer ese cambio no es fácil porque hay un sistema jurídico que juega en contra: el empleado público es de por vida mientras que el directivo público es por proyecto y no tiene que ser necesariamente funcionario, pero el sistema lo dificulta. Los directivos públicos necesitan idoneidad, pero también habilidades directivas, especialmente experiencia y formación. Por ello, debería estudiarse la posibilidad de crear el estatuto del directivo público y ofrecer formación a los directivos actuales sobre temas como el trabajo en equipo, la visión de futuro, etc.
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