Foro “Hacia una justicia del siglo XXI: digital, abierta, innovadora y eficiente”

Rafael Catalá, Ministro de Justicia

Resumen

La modernización de la Justicia, que implica cercanía, agilidad y sencillez, para por la senda de la innovación tecnológica. Para ello, el Ministerio de Justicia está poniendo en marcha toda una serie de iniciativas para impulsar la modernización tecnológica, entre las que destacan la obligación de comunicación electrónica para los nuevos procedimientos y la implantación progresiva del expediente judicial electrónico.

Rafael Catalá, ministro de Justicia

“El funcionamiento de nuestra Administración de Justicia será digital o no será”. De esta forma tan tajante se pronunció el ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante su intervención en la inauguración del foro “Hacia una Justicia del siglo XXI: digital, abierta, innovadora y eficiente”, celebrado en la Fundación Rafael del Pino el pasado 8 de octubre.

Catalá recordó que las transacciones del siglo XXI están basándose en los medios tecnológicos y que esto también está pasando en la Administración Pública. Según señalo, se estima que, para 2025, el 75% de la población española será nativa digital, esto es, que utilizará la tecnología de forma habitual para sus relaciones personales y con la Administración. Por ello, es preciso llevar a cabo la transformación digital de las administraciones públicas.

En este contexto, destacó, la Justicia no puede tener un camino distinto. La modernización de la Justicia, que implica cercanía, agilidad y sencillez, para por la senda de la innovación tecnológica, pero para ello hace falta contar con medios técnicos. Para empezar a resolver esta carencia, los presupuestos para 2016 duplican la cantidad que se destinó a este fin en los de 2014, lo que supone un esfuerzo y una apuesta por la modernización teniendo en cuenta que ese incremento se produce en una época de importante austeridad.

Junto a ello, el Ministerio está poniendo en marcha toda una serie de iniciativas para impulsar la modernización tecnológica, entre las que Catalá destacó la obligación de comunicación electrónica para los nuevos procedimientos, la implantación progresiva del expediente judicial electrónico, el impulso a la interoperabilidad entre los sistemas de gestión de las distintas administraciones, la validez de las comunicaciones en dispositivos móviles, la sede judicial electrónica (una ventanilla para el funcionamiento de los procesos judiciales que permite consultar su estado), las subastas judiciales electrónicas, la oficina judicial como nuevo modelo de organización y la transformación del registro civil en un moderno y eficaz, empezando por la inscripción desde los centros sanitarios públicos de los nacimientos y defunciones, o la solicitud de nacionalidad de forma telemática.

El primer paso hacia la Justicia digital: papel 0

La mesa redonda sobre el paso hacia la Justicia digital se inició con la intervención de Enric Colet, secretario general de la Conselleria de Justicia de la Generalitat de Catalunya, quien destacó que la modernización requiere un trabajo colaborativo con un gran grupo de agentes. A partir de la experiencia de Cataluña en la digitalización de la Justicia, Colet señaló que para que tenga éxito el proceso de modernización de la Justicia hay que sacarlo del debate político.

Asimismo, Colet advirtió que el problema no es básicamente tecnológico, sino de cómo se utilizan las tecnologías en la Administración de Justicia, de cambio en la forma de trabajar, de organización y de recursos humanos.

En relación con las empresas externas que colaboren en el proyecto, Colet aconsejó que la Administración no pierda nunca el liderazgo del mismo. Y por lo que se refiere a la formación del personal, recomendó que no se haga con empresas externas, sino con profesionales de la propia Administración de Justica, que conocen los procesos y las necesidades. Esto es clave para avanzar rápido en la digitalización.

Por su parte, José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional, que lleva inmersa desde hace tiempo en el proceso de digitalización, destacó que lo importante para tener éxito en el proceso es la gestión del cambio.

Navarro, además, dijo que la Audiencia Nacional debe ser el modelo para el resto de la Administración de Justicia porque cuenta con algo fundamental: una mesa social en la que todos colaboran en la gestión del cambio.

Según Navarro, las ventajas de la digitalización son el poder contar con un mapa documental y con un gestor procesal, la seguridad procesal con la firma digital y una gestión eficaz del archivo de los documentos físicos que pudieran ser necesarios en los procesos. A su vez, la principal complicación del proceso sería el ensamblaje de los profesionales (procuradores y abogados).

Antonio Dorado, secretario general de la Administración de Justicia, explicó que el establecimiento de una fecha (el 1 de enero de 2016) para la entrada en vigor del sistema de gestión electrónica de los procesos se debe a los plazos al respecto que establece la ley 18 de 2011 y a que si no se pusiera una fecha, no se produciría cambio alguno y la Administración de Justicia seguiría trabajando con papel. En este sentido, recordó que un trámite con papel le cuesta a la Administración 80 euros y sin él nada más que 5 euros, además del tiempo que ahorra la utilización del sistema de gestión electrónica.

El presidente del Colegio Nacional de Procuradores, Juan Carlos Estévez, señaló que todos estos profesionales tienen sus despachos digitalizados desde hace tiempo y destacó como un logro el crecimiento exponencial del número de notificaciones telemáticas. El principal problema que encuentra es que algunas autonomías cuentan con programas distintos de gestión y tramitación.

Por último, Borja Adsuara, experto en Derecho Digital, hizo especial hincapié en la importancia de la gestión del conocimiento, tanto jurídico como sobre inteligencia artificial aplicada a la resolución de casos, porque gran parte de los procedimientos se pueden automatizar. Y vaticinó que lo veremos dentro de unos años.

Retos de futuro: Ciudadanos, Justicia abierta y transparente

La segunda mesa redonda se centró en los retos de futuro. El primero en intervenir fue José María de Santiago, vicepresidente de GARTNER, quien se refirió a las tendencias que están convergiendo en la transformación digital y que están acelerando su velocidad. Estas son el análisis de grandes datos (big data), el poner la información a disposición de todos los actores en movilidad, compartir información de forma eficiente en la nube y poder acceder a ella desde cualquier lugar y cualquier dispositivo, la seguridad de dicha información, el internet de las cosas y la inteligencia artificial como complemento ideal a la intervención humana en la Administración de Justicia.

Asimismo destacó que hay tres factores clave para el éxito en el proceso de digitalización: la renovación o adaptación de los sistemas existentes, el establecimiento de un liderazgo digital para que todos se crean el cambio y tratar de quitar el miedo a la digitalización en relación con la pérdida de empleo, de competencias, etc.

Óscar Cortés, asesor del ministro de Justicia en Innovación y Transformación Digital, señalo la necesidad de que un servicio público como la Justicia entiende cómo son los ciudadanos del siglo XXI, porque el rol de los ciudadanos ha cambiado gracias a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto supone que tienen más poder. Además, quieren más accesibilidad a lo que hay en la Justicia. Por ello, es necesario evolucionar desde una Justicia muy centrada en lo jurídico a otra más centrada en los ciudadanos.

El presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, dijo que la Justicia en España tiende a estar relativamente mal valorada.

Victoria Cinto, magistrada y vocal de Nuevas Tecnologías del Consejo General del Poder Judicial, hizo énfasis en que el ciudadano tiene derecho a una Justicia transparente, a conocer su funcionamiento en relación, por ejemplo, con el tiempo de los procesos, con qué se puede esperar, etc. También insistió en que los jueces están preparados para la digitalización desde hace tiempo y que lo que necesitan es contar con medios técnicos.

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