Competencia y regulación de las plataformas de economía colaborativa

Francisco Cabrillo, Amadeo Petitbò y Juan José Montero

La Fundación Rafael del Pino organizó, el 14 de septiembre de 2.017 , un encuentro con el objetivo de dialogar, con objetividad y rigor, sobre la competencia y y regulación de las plataformas de economía colaborativa. En el acto, participaron los directores del Programa de análisis económico del derecho de la Fundación, celebrado en el John M. Olin Center for Law de la Universidad de Harvard -Francisco Cabrillo, Catedrático de economía aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, y Amadeo Petitbò, expresidente del Tribunal de Defensa de la Competencia-, junto al jurista Juan José Montero, director de la obra colectiva “La regulación de la economía colaborativa”.

RESUMEN

El 14 de septiembre de 2017 tuvo lugar en la Fundación Rafael del Pino el diálogo sobre competencia y regulación de las plataformas de economía colaborativa.

La primera intervención corrió a cargo de Rocío Albert, profesora de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, quien señaló que la economía colaborativa es un nuevo modelo que ha llegado sustituyendo a otros, al que hay que buscar una regulación y modificar la que ya existe. Según comentó, cuando no había economía colaborativa existían problema de asimetría de la información. Entonces, como había que utilizar esos modelos, pero no había forma de comprobar la calidad de los bienes y servicios ofertados, si las cosas funcionaban o no, hubo que establecer una regulación. Esa asimetría de la información, además, se extendía a los precios.

La digitalización, sin embargo, lo ha transformado todo y ha resuelto el problema de los fallos de mercado relacionados con la asimetría de la información. Por tanto, la regulación existente ya no es válida ni para los nuevos sectores productivos ni para los existentes previamente.

Las plataformas han pulverizado los costes de transacción, con lo que la regulación ha perdido buena parte de su sentido. Lo que hay que hacer, por tanto, es regular aquellos elementos en los que el mercado no pueda hacerlo, como las cuestiones fiscales o los temas relacionados con los consumidores. No se trata de eliminar la regulación, sino de adaptarla, porque aquello que la justificaba ha cambiado. Lo mejor es buscar una regulación flexible para acoger la llegada de las plataformas.

A continuación, intervino Antonio Maudes, ex director del Departamento de Promoción de la Competencia de la CNMC y técnico comercial y economista del Estado, quien advirtió de que tenemos que asumir que el cambio que estamos viviendo tiene repercusiones en la eficiencia y en los modos de negociar.

Las plataformas permiten utilizar de forma masiva activos infrautilizados, así como las relaciones de confianza entre los seres humanos. Esto afecta a todos los sectores de la economía y tiene implicaciones directas en la financiación, la eficiencia, etc. Afecta también al sector público como regulador, a las responsabilidades tributarias, etc.

El desarrollo normativo debe hacerse de forma horizontal y sectorial, con el fin de permitir al operador incumbente el poder adaptarse a la nueva tecnología, frente a una regulación ineficiente como la actual. La adaptación normativa debe llevarse a cabo desde los principios de la regulación eficiente.

Por su parte, Mateo Silos, subdirector de Análisis Económico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), presentó el informe que elaboró la CNMC sobre el daño que supone para los consumidores la normativa actual del taxi. En el caso de la ciudad de Málaga, dicho daño se puede cuantificar en 4,4 millones de euros al año. En Córdoba asciende a 2,5 millones. A nivel nacional supone 324,3 millones de euros anuales, lo que implica un sobrecoste del 13,1%.

Estas estimaciones, según explicó, son conservadoras porque no se pudo incorporar las pérdidas derivadas de los tiempos de espera y de los costes dinámicos.

Por último, Juan José Montero, profesor de Derecho Administrativo de la UNED y director de la obra colectiva “La regulación de la economía colaborativa”, destacó que la digitalización supone efectos de red, eficiencia, menores costes de transacción, pero también externalidades negativas relacionadas, por ejemplo, con el alojamiento, el transporte o el mundo laboral.

A partir de esas externalidades negativas se identifica una reacción más conservadora que pretende considerar a las plataformas como prestadoras de un servicio, que implica que hay tanto un servicio subyacente como una relación laboral. Esta reacción no permite extraer todos los beneficios posibles de la digitalización.

Las plataformas, en realidad, constituyen un marco alternativo y dinamizador que permite la intermediación de servicios concretos: facilitan la contratación entre terceros y lo hacen de forma electrónica. Por ello, debería aplicárseles la directiva europea sobre servicios de la sociedad de la información.

Además, el régimen jurídico final tiene que permitir la digitalización y las mejoras de eficiencia, introduciendo elementos de protección en la regulación mercantil de contratos de mediación.